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Cancelación de la Sesión de Jefes de Bloque en el Congreso: Un Acto Cuestionado e Ilegal

La reciente decisión del presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, Nery Ramos, de cancelar la sesión de jefes de bloque prevista para los lunes ha suscitado un intenso debate sobre su legalidad. Esta medida, que interrumpe el proceso habitual de definición de la agenda para las plenarias programadas los martes y jueves, ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia para ganar tiempo y forzar la elección de Samuel Pérez, diputado independiente, como representante del Congreso en la Junta Monetaria, lo que ha generado acusaciones de imposición por parte del partido oficial.

El calendario de sesiones del Congreso, tanto ordinarias como extraordinarias, así como el rol de los jefes de bloque en la preparación de la agenda de las plenarias, están claramente establecidos en la ley orgánica del Congreso. Según el artículo 74 de esta ley, el calendario de sesiones ya fue aprobado por el pleno, incluyendo las plenarias los martes y jueves. El artículo 18 confiere al presidente del Congreso la responsabilidad de convocar a las sesiones establecidas por el pleno, mientras que el artículo 52 especifica que los jefes de bloque deben reunirse semanalmente con el presidente de la Junta Directiva para definir la agenda de las sesiones plenarias.

La cancelación de la sesión de jefes de bloque por parte del presidente Ramos ha sido criticada no solo por analistas políticos sino también por otros miembros del Congreso, quienes arguyen que tal acción contraviene lo estipulado en la ley orgánica, subrayando que la Junta Directiva debe ejecutar lo establecido por el pleno, siendo este último el ente superior del Congreso.

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La controversia generada por la cancelación de la sesión de jefes de bloque en el Congreso de la República de Guatemala pone de relieve la importancia del respeto a los procedimientos legislativos y la ley orgánica que rige el funcionamiento del órgano legislativo. La percepción de esta medida como una táctica para ganar tiempo y poder negociar la elección de representante en la Junta Monetaria en este caso promover a Samuel Pérez, destaca la necesidad de transparencia y consenso en las decisiones políticas. La situación actual invita a una reflexión sobre los principios democráticos de gobernanza y la necesidad de adherirse a las normas establecidas para preservar la integridad institucional del Congreso.

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