El Presidente del Congreso, Nery Ramos, ha generado controversia y contradicciones en torno a la formación y dirección de la comisión presidencial destinada a analizar la iniciativa de la Ley de Competencia. A pesar de inicialmente describir el grupo como una mesa técnica, Ramos ha procedido a establecer una comisión oficial, nombrando al diputado Samuel Pérez como su presidente.
La asignación de Pérez al frente de la comisión ha suscitado dudas legales, dado que aparentemente contraviene la ley orgánica del Congreso. Esta situación ha alimentado un debate sobre la legitimidad y la intención detrás de la creación de dicha comisión.
Ramos, al inicio, promovió la idea de una mesa técnica enfocada en el análisis y discusión de la propuesta de ley sin implicaciones formales adicionales. Sin embargo, la evolución hacia una comisión presidencial ha alterado este enfoque, introduciendo una capa de formalidad y autoridad que ha generado desconcierto entre los legisladores y el público.
La figura de Samuel Pérez al mando de esta comisión ha sido particularmente controversial, no solo por las implicaciones legales ya mencionadas, sino también por la percepción de que este movimiento podría estar diseñado para retrasar la aprobación de la Ley de Competencia. Críticos de esta decisión argumentan que la creación de la comisión actúa como una maniobra legislativa destinada a postergar el progreso de la iniciativa, beneficiando indirectamente a los monopolios y entorpeciendo el desarrollo económico de Guatemala.
