El Ministerio Público de Guatemala, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El motivo radica en una preocupante irregularidad: el pleno del TSE estaría conformado únicamente por magistrados suplentes, tras la salida del país de los magistrados titulares, quienes solicitaron licencia debido a un antejuicio planteado en su contra. Esta situación, según el Ministerio Público, incumple los requisitos mínimos establecidos por ley para la integración del pleno de magistrados del TSE.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia otorgó un plazo de tres días al TSE para que presentara pruebas de que su pleno se encuentra integrado conforme a lo exigido por la legislación guatemalteca. Este ultimátum viene acompañado de una advertencia clara: de no cumplirse con lo solicitado, se procedería a certificar lo conducente a las autoridades correspondientes para las acciones pertinentes.
La interposición de este amparo subraya una crisis institucional que podría tener repercusiones significativas en la credibilidad y funcionalidad del sistema electoral guatemalteco. La ley es enfática en cuanto a los requisitos para la composición del TSE, buscando garantizar su independencia, imparcialidad y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.
La resolución de este impasse es crucial no solo para el funcionamiento adecuado del TSE sino también para preservar la integridad del sistema electoral y la democracia en Guatemala. La sociedad guatemalteca está a la expectativa que se restablezca la legalidad y transparencia en la conformación del Tribunal Supremo Electoral, reafirmando así su confianza en las instituciones que salvaguardan sus derechos cívicos y políticos.
