En una movida controversial, el Gobierno de Guatemala ha presentado una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas, con el objetivo de detener procesos legales en curso contra individuos prófugos de la justicia y afiliados al partido Semilla. Según declaraciones del Secretario General de la Presidencia, la orden provino directamente del presidente Bernardo Arévalo, marcando un giro inesperado en la política de justicia del país.
La denuncia, según se informó, apunta a incrementar las acciones legales contra la Fiscal General Consuelo Porras, su secretario Ángel Pineda, y autoridades del gobierno anterior. El motivo detrás de esta acción parece ser el beneficio de varios exfuncionarios ahora prófugos, que han encontrado refugio en Estados Unidos y que han expresado su apoyo al Movimiento Semilla. Esta estrategia del Ejecutivo, más que buscar una rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos o el avance de la justicia, parece estar dirigida a favorecer a simpatizantes y miembros de su agrupación política.
La denuncia y las declaraciones del Secretario General han suscitado un amplio debate en el ámbito político y social guatemalteco. Críticos argumentan que estas acciones podrían socavar la independencia del sistema judicial, mientras que simpatizantes del gobierno y del partido Semilla ven en ellas un intento de corregir lo que consideran excesos y abusos de poder por parte de la administración anterior y ciertos sectores del aparato de justicia.
