La Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala ha desatado controversia al decidir no convocar la sesión de jefes de bloque previamente agendada para un lunes, sin ofrecer una explicación válida. Esta reunión, esencial para definir la agenda de las sesiones plenarias de los martes y jueves, ha sido el centro de un conflicto político que parece entrelazar estrategias de negociación con la legalidad de las operaciones del Congreso.
Varios diputados de la oposición y analistas políticos interpretan esta cancelación como una táctica dilatoria por parte del partido oficial para fortalecer la candidatura de Samuel Pérez ante la Junta Monetaria. Este movimiento ha sido criticado por violar la ley orgánica del Congreso, lo que ha motivado a varios jefes de bloque a exigir explicaciones directas, incluso forzando su entrada a la sala de reuniones cerrada.
Allan Rodríguez, jefe del bloque VAMOS, expresó su decepción ante la situación, sugiriendo que diferencias internas y negociaciones con el Ejecutivo están afectando el funcionamiento del Congreso. Desmintió rumores de división dentro de su bloque y mencionó acercamientos del Ejecutivo que buscarían influir en las decisiones legislativas a través de ofrecimientos de beneficios, algo que calificó de intento de compra de votos.
La tensión alcanza un punto crítico con la presentación de acciones legales contra miembros de la Junta Directiva por su comportamiento durante la sesión plenaria del jueves, en la que abandonaron el hemiciclo para influir en el resultado de la elección de Pérez como representante ante la Junta Monetaria. Rodríguez anunció que tales acciones legales serán presentadas durante la semana.
La cancelación de la sesión de jefes de bloque en el Congreso guatemalteco ha revelado una compleja trama de maniobras políticas y legales que amenazan no solo la integridad del proceso legislativo, sino también la percepción pública de la institución. Mientras los diputados de la oposición y miembros del bloque VAMOS se preparan para tomar acciones legales, la comunidad política y la ciudadanía observan atentamente, esperando resoluciones que restablezcan el orden y la legalidad en el Congreso. Este incidente subraya la importancia de la transparencia, la coherencia con la legislación vigente y el respeto por los procedimientos democráticos en el ejercicio del poder legislativo.
