En una reciente movilización en las afueras de la torre de tribunales, supuestos grupos de la sociedad civil involucrados en los bloqueos violentos de octubre de 2023, han realizado una conferencia de prensa demandando que se proceda con la solicitud del gobierno para retirar el derecho a antejuicio a la Fiscal General, Consuelo Porras. Esta medida busca allanar el camino para su posible destitución, argumentando la necesidad de respuestas judiciales que reflejen los intereses del pueblo guatemalteco.
Durante la conferencia de prensa, representantes de estos grupos expresaron su firme exigencia hacia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, instándolos a emitir dictámenes que se alineen con las demandas del Gobierno. Citando las propias palabras de los manifestantes: “Exigimos a los magistrados que, por una vez en la historia de esta Corte, empiecen a dar dictámenes a favor de un pueblo que ha sido violentado en todos sus derechos”. Esta declaración subraya la profunda frustración y demanda de cambio por parte de ciertos sectores de la sociedad guatemalteca.
La solicitud del gobierno de retirar el derecho a antejuicio a la Fiscal General se encuentra en un contexto de tensiones políticas y sociales elevadas, especialmente tras los eventos de octubre de 2023, donde se reportaron bloqueos y actos de protesta violenta.
