El Ministro de Desarrollo Social de Guatemala, Abelardo Pinto Moscosono, enfrenta graves repercusiones legales tras no cumplir con una resolución de un juzgado laboral. Esta situación involucra no solo el incumplimiento de pagos salariales atrasados y la reinstalación de un trabajador, sino también la posibilidad de enfrentar acciones penales.
La resolución del Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, fechada el 7 de marzo de 2024, ordenaba al Ministro Moscosono y al director del Fondo de Desarrollo Social (FODES) reinstalar a un empleado y pagar los salarios y prestaciones atrasadas. El fallo no fue acatado, lo que llevó a la certificación de acciones penales contra ambos funcionarios.
La certificación al Ministerio Público indica una escalada significativa en el caso, transformando un asunto laboral en una potencial causa penal. Esto no solo pone en riesgo la carrera de los implicados, sino que también subraya la importancia del cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los funcionarios públicos.
Este incidente se enmarca dentro de un contexto más amplio de problemas laborales en el MIDES, incluyendo acusaciones de despidos masivos y violaciones de derechos laborales, lo que ha llevado a manifestaciones de trabajadores del ministerio. La falta de acatamiento de las directrices judiciales refuerza la percepción de una gestión deficiente y posiblemente injusta dentro del ministerio.
