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El polémico convenio de 7 mil millones con UNOPS y la sombra de corrupción

El Ministerio de Salud anunció el 8 de abril de 2024 un convenio con la UNOPS por más de 7 mil millones de quetzales para la compra de medicamentos durante cuatro años. Este acuerdo llega en un momento crítico para el sistema de salud del país, intensificando una crisis hospitalaria y sumándose a preocupaciones sobre conflictos de interés y antecedentes de corrupción asociados a la UNOPS.

El reciente convenio firmado entre el Ministerio de Salud y la UNOPS, valorado en más de 7 mil millones de quetzales, ha suscitado una serie de cuestionamientos. Uno de los puntos más controversiales es el aparente conflicto de interés, dado que Martin Arévalo De León, director de UNOPS para Centroamérica y el Caribe, es hermano del Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Esta situación recuerda críticas pasadas de prácticas similares por parte de miembros del partido de gobierno y la sociedad civil.

Aunado a esto, la UNOPS ha estado envuelta en diversas polémicas en América Latina, incluyendo acusaciones de corrupción y falta de transparencia en sus convenios. En Guatemala, el convenio de la UNOPS con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para la compra de medicamentos fue señalado por la imposibilidad de fiscalización, lo que ha generado dudas sobre la transparencia y manejo de recursos. Situaciones similares se observaron en México, Costa Rica y Nicaragua, donde los proyectos de la UNOPS han sido cuestionados por su opacidad y falta de transparencia.

Investigaciones realizadas por Devex y The New York Times expusieron manejos irregulares por parte de la UNOPS, con préstamos cuestionables a Sustainable Housing Solutions Holdings, una empresa sin experiencia previa en proyectos de gran envergadura, lo que ha resultado en proyectos estancados y pérdidas millonarias.

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La renuncia de Grete Faremo, directora de la UNOPS, y las declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en la ONU, Chris Lu, apuntan a la necesidad de una revisión exhaustiva de la estructura y operaciones de la UNOPS. Esta situación ha elevado la alarma sobre la gestión de proyectos y contratos en los países afectados, generando un llamado a mayor transparencia y revisión de las prácticas de la organización.

El convenio entre el Ministerio de Salud de Guatemala y la UNOPS se encuentra bajo el escrutinio público, no solo por su enorme cuantía sino también por los antecedentes de la organización y los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Este acuerdo se suma a una serie de eventos que ponen en duda la efectividad y la transparencia de la gestión de recursos en el sector salud del país. Será crucial monitorear el desarrollo de este convenio y su impacto en el sistema de salud guatemalteco para evitar que se repitan errores del pasado y garantizar que los fondos se utilicen en beneficio de la población necesitada.

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