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Ministerio Público Responde a Consulta de Arévalo a la CC: Defensa del Estado de Derecho

Tras la falta de respuesta del Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, a los cuestionamientos realizados por este medio, el Ministerio Público ha emitido una firme postura respecto a la opinión consultiva solicitada por el Presidente Bernardo Arévalo a la Corte de Constitucionalidad, marcando una clara defensa del Estado de Derecho en Guatemala.

El Ministerio Público ha expresado su preocupación y rechazo ante la solicitud de opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del presidente Bernardo Arévalo. En respuesta a nuestra consulta sobre la posición del Ministerio Publico ante tal hecho, el ente acusador subraya como “enorme desconocimiento respecto a los efectos jurídicos de una opinión consultiva” y lo describe como una acción que “se suma al ataque sistemático en contra de la Fiscal General”, evidenciando la intención de obstaculizar la justicia y detener las investigaciones en curso del Ministerio Público.

La institución recalca que este ataque no solo se dirige hacia la Fiscal General, Consuelo Porras, quien ha estado al frente de sus obligaciones investigativas, sino también hacia la integridad de la institución, el Estado de Derecho y, en última instancia, la población guatemalteca.

Posición del Ministerio Publico respecto a la acción presentada por parte del ejecutivo ante la Corte de constitucionalidad:

“Además del enorme desconocimiento respecto a los efectos jurídicos de una opinión consultiva, es una acción que se suma al ataque sistemático en contra de la Fiscal General que evidencia claramente la intención de obstaculizar la justicia y detener las investigaciones del Ministerio Público.

Este ataque sistemático ya no abarca únicamente a la Fiscal General quien está cumpliendo firmemente con sus obligaciones investigativas sino también a la institución, al Estado de Derecho y por ende a la población guatemalteca.

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Por ello, se les exhorta a que respeten la Constitución y las leyes del país, y así puedan enfocar sus esfuerzos en lo prioritario: atender las necesidades del pueblo de Guatemala, en vez de continuar intentando obstaculizar la labor del Ministerio Público.”

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