La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ha dado la razón al Ministerio Público (MP), y se ve la posibilidad de destituir a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La controversia se centra en los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes según la Sala Primera de Apelaciones, “no pueden ejercer el cargo”. Esta decisión choca frontalmente con la Ley en Materia de Antejuicio, que establece que un funcionario público solo puede ser cesado de sus funciones mediante un auto de prisión preventiva por parte de un juez competente. A pesar de esto, los magistrados afectados fueron beneficiados previamente con arresto domiciliario.
En un movimiento adicional que agudiza la situación, la Sala Primera decidió aumentar la caución económica impuesta por la jueza Karen Chinchilla a los cuatro magistrados del TSE, elevándola a Q700 mil para cada uno, como condición para mantener su arresto domiciliario.
