Este lunes se anunció la publicación del Código de Ética del Organismo Ejecutivo en el diario oficial, con entrada en vigor prevista para este martes. La iniciativa pretende fomentar la ética pública a través de la integridad y el fortalecimiento de la probidad. Sin embargo, la implementación de este código ha generado controversia entre expertos y analistas, quienes señalan varios problemas constitucionales y redundancias legales en el contenido.
El Código de Ética busca ser una herramienta para consolidar la conducta ética dentro del gobierno, pero analistas destacan que varios de sus artículos podrían ser inconstitucionales. Además, apuntan a que gran parte del contenido del código ya está legislado bajo las normas existentes que abordan la corrupción, lo que podría resultar redundante.
Otro aspecto criticado es la decisión de publicar el código a través del Ministerio de Trabajo en el diario oficial, un movimiento que algunos consideran inapropiado para la naturaleza del documento. Esta situación ha llevado a preocupaciones sobre la posible confusión legal y la eficacia de las medidas propuestas, ya que el enfoque podría percibirse como desalineado con las estructuras legales adecuadas.
La serie de cuestionamientos y el posible solapamiento con legislaciones existentes podrían desencadenar diversas acciones legales por parte de la sociedad civil, quienes buscan asegurar que las normativas no solo sean efectivas, sino también constitucionalmente válidas y apropiadamente implementadas.
