La Comisión Anticorrupción de Guatemala se encuentra en el centro de críticas por su falta de acciones y declaraciones frente a recientes escándalos involucrando a altos funcionarios del gobierno. Dos casos resonantes, el uso indebido de recursos estatales por la familia de la ex ministra de ambiente y el involucramiento de vehículos oficiales en el transporte ilegal de migrantes, han puesto en duda la efectividad y la imparcialidad de la entidad.
Caso 1: Uso de Recursos del Estado por Familia de la Ex Ministra de Ambiente Un reportaje reveló que la hija de la ex ministra de Ambiente, María José Iturbide, utilizó vehículos y seguridad estatales para movilizaciones personales. A pesar de la destitución de Iturbide el 7 de abril por estas acciones, que contravienen las políticas de austeridad promovidas por el gobierno de Bernardo Arévalo, la Comisión Anticorrupción no ha presentado una denuncia formal ni ha emitido un comunicado oficial al respecto, alimentando críticas sobre una posible falta de rigor en su actuar.
Caso 2: Traslado Ilegal de Migrantes en Vehículo del Ministerio de la Defensa El 17 de abril, un accidente fatal en la Ruta Interamericana expuso el uso de un vehículo oficial del Ministerio de la Defensa para transportar ilegalmente a 14 migrantes ecuatorianos. El incidente no solo resultó en la muerte de uno de los conductores y varios heridos, sino que también levantó serias interrogantes sobre las operaciones ilegales y la responsabilidad de altos cargos dentro del Ministerio. La falta de acción o declaración por parte de la Comisión Anticorrupción ha intensificado el escrutinio público y la demanda por transparencia y rendición de cuentas.
La inactividad percibida de la Comisión Anticorrupción frente a estos graves casos de corrupción y mal uso de recursos del estado sugiere una crisis de efectividad y confianza en el organismo encargado de combatir la corrupción en Guatemala. La sociedad y analistas demandan un enfoque más firme y transparente para restaurar la fe en las instituciones gubernamentales y asegurar que todos los funcionarios, sin importar su rango o afiliación, sean sometidos al mismo escrutinio y estándares de integridad.
