En un reciente discurso, el Presidente de Guatemala lanzó una crítica severa contra la Fiscal General Consuelo Porras, acusándola de obstaculizar los esfuerzos de reforma del gobierno. Sin embargo, la realidad legal y constitucional pone en duda la viabilidad de sus propuestas, revelando posibles intenciones de controlar las instituciones de justicia del país, en lo que algunos críticos comparan con prácticas dictatoriales.
El presidente, en su cadena nacional, denunció a la Fiscal General como parte de una “minoría corrupta” que amenaza la democracia, aludiendo a la necesidad de su remoción para una transformación efectiva del sistema de justicia. Esta declaración ha generado considerable controversia, especialmente al considerar que las actuales leyes protegen el mandato de la Fiscal hasta que concluya su período constitucional. Según el principio de irretroactividad de la ley, y la doctrina de derecho adquirido, cualquier intento de removerla antes del fin de su período sería contrario a la ley.
Además, cualquier reforma a la ley orgánica de instituciones autónomas, como lo es el Ministerio Público, requiere el voto favorable de dos tercios del Congreso, un umbral alto que refleja la importancia de la independencia de tales entidades en un sistema democrático.
El esfuerzo del gobierno por reformar radicalmente el Ministerio Público y remover a la Fiscal General antes del término de su mandato plantea serias preguntas sobre sus motivaciones y el respeto a la división de poderes en Guatemala. Si bien la lucha contra la corrupción es crucial, es igualmente importante asegurar que dicha lucha no se convierta en una herramienta para la persecución política o para socavar la autonomía de las instituciones clave del Estado. La propuesta actual podría servir más a intereses particulares que al interés general, lo que requiere una evaluación cuidadosa y crítica por parte de todos los sectores de la sociedad guatemalteca.
