En un reciente anuncio en cadena nacional, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha desvelado su intención de enviar una iniciativa al Congreso para modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Esta modificación busca restaurar la capacidad del presidente de la República para destituir al fiscal general, una potestad que había sido eliminada durante la gestión de Thelma Aldana con el apoyo de Iván Velázquez y la CICIG.
El analista Carlos Hoffman critica la promesa de campaña de Arévalo, señalando que era consciente de las restricciones legales existentes. Hoffman también advierte que, incluso si el Congreso aprueba la propuesta, la constitución garantiza la irretroactividad de las leyes, lo que impediría que esta modificación afecte a Consuelo Porras, aplicándose únicamente al próximo fiscal general.
El debate sobre esta iniciativa promete ser extenso en el Congreso y podría derivar en una batalla legal ante la Corte de Constitucionalidad, lo que refleja una continua tensión entre el ejecutivo y el judicial. La propuesta de Bernardo Arévalo de modificar la ley orgánica del Ministerio Público marca una estrategia política centrada en el control judicial, dejando de lado otras preocupaciones urgentes de la nación.
