En los últimos años, Venezuela ha experimentado una transformación política significativa, que muchos expertos y observadores internacionales califican como un deslizamiento hacia una dictadura. Este cambio se ha caracterizado por la cooptación sistemática de las instituciones de justicia, crucial para consolidar el control del gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué sucedió?
Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, y precedido por el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela ha visto un progresivo deterioro de su democracia. Este proceso incluyó la manipulación de elecciones, la represión de la disidencia y, especialmente, la usurpación de la independencia judicial.
¿Cómo se cooptaron las instituciones de justicia?
Las instituciones de justicia en Venezuela han sido sistemáticamente cooptadas mediante la designación de jueces y fiscales leales al régimen. En el 2017, este fenómeno se intensificó después de que la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el oficialismo, asumiera las funciones legislativas, incluida la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto permitió al gobierno consolidar aún más su poder, eliminando cualquier forma de oposición legal efectiva.
¿Cuándo y dónde ocurrieron estos eventos?
Este proceso ha sido continuo desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Los eventos clave han tenido lugar principalmente en Caracas, sede del gobierno y de las principales instituciones judiciales del país.
¿Por qué es relevante?
La cooptación de las instituciones judiciales es crucial porque desmantela uno de los pilares fundamentales de una democracia: la separación de poderes. Sin un sistema judicial independiente, se dificulta la capacidad de contrarrestar las decisiones del ejecutivo y se vulneran los derechos humanos básicos.
La transformación de Venezuela hacia una estructura gubernamental más autoritaria ha implicado una serie de estrategias para asegurar el control total del estado, incluyendo la coopción de las instituciones de justicia. Este fenómeno no solo ha afectado la gobernanza del país, sino que también ha repercutido negativamente en la percepción internacional de Venezuela. La comunidad internacional sigue observando con preocupación estos desarrollos, aunque las respuestas efectivas siguen siendo limitadas.
