En el actual proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en Guatemala, surgen preocupaciones sobre la influencia del gobierno de Bernardo Arévalo. A través del Procurador General de la Nación y la controvertida Planilla 8 del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se teje una red de intereses que amenaza con comprometer la independencia del sistema judicial guatemalteco.
Movilización de Grupos Pro-Gobierno
En el contexto de la elección de magistrados, grupos cercanos al oficialismo han iniciado una campaña activa para integrarse en las comisiones de postulación. Estas comisiones son fundamentales, ya que su labor es seleccionar a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. La intención de estos grupos es clara: garantizar que los candidatos seleccionados sean leales al gobierno de Arévalo, lo que podría poner en riesgo la independencia judicial en Guatemala.
Intervención del Presidente Arévalo y la Influencia del PGN
La influencia del presidente Arévalo en este proceso va más allá del simple respaldo de organizaciones aliadas. A través del Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pinetta, quien tiene un historial de cuestionables gestiones en la COPRECOVID bajo el gobierno de Alejandro Giammattei, se ha asegurado una fuerte presencia en el CANG. Saavedra Pinetta está actualmente bajo la lupa del Ministerio Público por la compra de las vacunas Sputnik, lo que añade una capa adicional de controversia a su rol en la influencia sobre la selección de magistrados.
La Planilla 8: Un Vehículo de Influencia
La Planilla 8 del CANG, denominada “Unidad por la Justicia”, es liderada por Gregorio José Saavedra Zepeda, hermano del Procurador General. “Goyo” Saavedra, quien ha trabajado como asesor en los ministerios de Comunicaciones y de Salud, tiene conexiones profundas con el suspendido partido político Movimiento Semilla y con el actual gobierno. Durante sus asesorías, recibió 12 contratos por un total de Q337,066.67, lo que resalta su rol como un operador político clave.
Entre los miembros de la Planilla 8 también se encuentra Edgar Ortiz, un abogado conocido por su apoyo activo a Bernardo Arévalo durante la campaña electoral de 2023 y en el proceso legal que facilitó su asunción al poder. Ortiz es además un conocido operador político de Dionisio Gutiérrez, lo que subraya su influencia en círculos de poder. Otro miembro es Luis Carlos Laparra Rivas, hermano de la exfiscal Lilian Virginia Laparra Rivas, quien ha sido condenada por actos de corrupción durante su gestión en el Ministerio Público y recientemente homenajeada por el presidente Arévalo.
Implicaciones para el Futuro del Sistema Judicial
La influencia de los hermanos Saavedra y de figuras clave como Ortiz y Laparra Rivas en el proceso de elección de magistrados apunta a una estrategia deliberada para asegurar que el poder judicial se alinee con los intereses del oficialismo. Esto podría permitir al presidente Arévalo consolidar un control significativo sobre las instituciones judiciales. Además, Arévalo ha manifestado su intención de destituir a la Fiscal General y nombrar a un sucesor que sea favorable a su administración, lo que podría extender aún más su influencia en el sistema de justicia.
La intervención del gobierno de Arévalo en la elección de magistrados a través de la Planilla 8 y de figuras clave como los hermanos Saavedra y Laparra Rivas es una clara señal de los esfuerzos por controlar el poder judicial en Guatemala. La integridad y la independencia del sistema judicial están en juego, y es fundamental que el proceso de selección de magistrados se lleve a cabo de manera transparente y justa. La comunidad guatemalteca y los observadores internacionales deben mantenerse vigilantes para proteger la democracia y el estado de derecho en el país.
