El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, está bajo escrutinio por su aparente intervención en el proceso de elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), quienes tendrán un papel crucial en la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones. Esta situación levanta serias preocupaciones sobre la integridad y la independencia del sistema judicial en el país, insinuando un intento del mandatario por asegurar impunidad para él y su partido político.
Manipulación y Cooptación Judicial
En un esfuerzo por consolidar su control sobre el sistema judicial guatemalteco, el presidente Arévalo ha pedido abiertamente a los profesionales del derecho que “voten con conciencia” en las próximas elecciones del CANG. Sin embargo, detrás de este llamado parece haber una intención más siniestra: asegurar que los representantes elegidos, específicamente la Planilla 8, sean leales al gobierno y, por ende, facilitar la selección de magistrados que favorezcan los intereses del oficialismo.
La Sombra de los Hermanos Saavedra y la Planilla 8
La controversia se intensifica con la involucración de la Planilla 8 del CANG, denominada “Unidad por la Justicia”, liderada por Gregorio José Saavedra Zepeda, hermano del Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pinetta. Este último tiene un historial cuestionable y está bajo la lupa del Ministerio Público por su gestión en la COPRECOVID y la compra de vacunas Sputnik. La presencia de los hermanos Saavedra en este proceso electoral es una señal alarmante de cómo el poder ejecutivo intenta tejer una red de influencias dentro del sistema judicial.
La Influencia del PGN y Operadores Políticos
El Procurador General de la Nación, cercano a Arévalo, juega un papel clave en esta estrategia de manipulación. Con figuras como Edgar Ortiz y Luis Carlos Laparra Rivas en la Planilla 8, ambos con conexiones profundas al gobierno y al suspendido partido Movimiento Semilla, se refuerza la sospecha de una campaña orquestada para cooptar el sistema judicial. La historia de Ortiz como operador político de Dionisio Gutiérrez y el reciente homenaje a Laparra Rivas por el presidente son indicativos de los lazos de poder que se están formando para consolidar el control judicial.
Contradicciones en la Solicitud de Observadores Internacionales
Lo más preocupante es la contradicción evidente en las acciones del presidente Arévalo. Mientras solicita a la Organización de Estados Americanos (OEA) que envíe una misión de observación para supervisar el proceso de elección de magistrados, supuestamente para asegurar un proceso transparente y justo, él mismo está interfiriendo directamente en dicho proceso. Esta duplicidad en su postura pone en duda la autenticidad de su compromiso con la transparencia y la justicia.
Consecuencias para la Independencia Judicial
La intervención del presidente Arévalo en el proceso de selección de magistrados plantea un serio riesgo para la independencia judicial en Guatemala. La posibilidad de que los magistrados sean seleccionados bajo la influencia del Ejecutivo socava la confianza pública en la justicia y pone en peligro la imparcialidad necesaria para administrar la ley de manera justa y equitativa. La intención de Arévalo de destituir a la Fiscal General y nombrar a un sucesor favorable a su administración refuerza la preocupación de un intento deliberado por manipular el sistema judicial para garantizar impunidad.
La interferencia del presidente Bernardo Arévalo en la elección de representantes del CANG para las comisiones de postulación de magistrados es una amenaza directa a la independencia del sistema judicial en Guatemala. Es fundamental que la comunidad nacional e internacional permanezca vigilante para asegurar que el proceso de selección de magistrados se realice de manera transparente y justa, protegiendo así la integridad del estado de derecho y la democracia en el país. La independencia judicial es un pilar esencial para la justicia y no debe ser comprometida por intereses políticos. La contradicción entre su solicitud a la OEA y su propia intervención en el proceso electoral resalta la necesidad de una vigilancia estricta para preservar la transparencia y la justicia en Guatemala.
