Ante la inminente amenaza de bloqueos nacionales anunciados por veteranos militares para el 26 de junio, la Cámara de Comercio de Guatemala ha interpuesto una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad. La organización solicita medidas urgentes para garantizar el orden público y la libre locomoción.
Los veteranos militares han anunciado bloqueos a nivel nacional para el 26 de junio en protesta por la falta de pago de sus beneficios por parte del ejecutivo. Esta medida ha generado preocupación en diversos sectores del país, incluyendo el comercio y el transporte.
El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Desarrollo Social han condicionado el pago de los beneficios a la aprobación de una ampliación presupuestaria por parte del Congreso. Esta postura ha sido criticada por los veteranos y algunos legisladores, quienes consideran que el ejecutivo podría gestionar los fondos necesarios sin necesidad de dicha ampliación.
En respuesta a la amenaza de los bloqueos, la Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado, en el cual se lee:
“ANTE LA AMENAZA DE BLOQUEO DE CARRETERAS Y PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL PAÍS, ANUNCIADOS PÚBLICAMENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA 26 DE JULIO, LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA INTERPUSO UNA ACCIÓN DE AMPARO EN LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Las autoridades deben dictar las medidas para preservar el orden público, con elementos de seguridad que permitan tanto el derecho a manifestar como también el derecho a la libre locomoción de personas, vehículos y transporte, garantizando el ejercicio ilimitado e irrestricto de las libertades y derechos consagrados por la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes.
Los bloqueos son un abuso y constituyen acciones arbitrarias que no deben tolerarse.
¡Hoy y siempre con fe en Guatemala!”
La acción de amparo presentada por la Cámara de Comercio busca que la Corte de Constitucionalidad dicte medidas preventivas y de seguridad para evitar los bloqueos anunciados. La Cámara argumenta que los bloqueos constituyen un abuso y una acción arbitraria que vulnera los derechos de libre locomoción y afecta negativamente la actividad económica y el bienestar de la población.
