El diputado José Chic presentó una querella ante la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial contra el expresidente Alejandro Giammattei. La denuncia alega abuso de autoridad y peculado por uso, acusándolo de proporcionar seguridad estatal a personas no contempladas en la ley, incluyendo a Miguel Martínez y al asesor internacional Poll Anria, durante su mandato.
El diputado José Chic ha tomado una acción legal al presentar una querella contra Alejandro Giammattei, acusándolo de incumplimiento de sus funciones como Presidente de la República. Chic sostiene que Giammattei supuestamente ordenó proporcionar seguridad del Estado a individuos no autorizados por la ley, lo cual incluye a su cercano colaborador Miguel Martínez y al asesor internacional Poll Anria.
La querella también alcanza a Héctor Castillo Alvarado, exsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS), a quien se acusa de participar en estos presuntos actos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por uso.
Según la querella presentada, Miguel Martínez, quien dirigió el Centro de Gobierno durante la administración de Giammattei, recibió seguridad estatal en varias ocasiones a lo largo del mandato presidencial. Los registros de la SAAS detallan las siguientes asignaciones de seguridad para Martínez:
- Del 14 de enero de 2020 al 22 de julio de 2020: 3 agentes y un vehículo colero.
- Del 23 de julio de 2020 al 14 de agosto de 2022: 4 agentes y un vehículo colero.
- Del 15 de agosto de 2022 al 3 de diciembre de 2023: 3 agentes y un vehículo colero.
- El 4 de diciembre de 2023: 3 agentes y un vehículo colero.
- El 14 de enero de 2024: 3 agentes y un vehículo colero.
Además de Martínez, la querella también menciona a Poll Anria, un asesor internacional, quien supuestamente recibió seguridad estatal sin justificación documentada. Chic sostiene que Giammattei otorgó estos privilegios de seguridad no solo a personas cercanas, sino también a otros funcionarios, incluyendo diputados y magistrados de corte, aunque no se especificaron nombres en la denuncia.
Chic enfatizó que la promesa incumplida de Giammattei de disolver la SAAS ha resultado en el uso de recursos estatales para fines cuestionables, lo cual ha provocado indignación pública. En la actualidad, la SAAS sigue siendo objeto de controversia bajo la administración de Bernardo Arévalo, con reportes de gastos en compras de lujo y salarios elevados para personal no esencial.
