El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este lunes que su gobierno haya ordenado interceptar ilegalmente los teléfonos celulares de magistrados de la Corte Constitucional, como lo asegura una denuncia que desató un escándalo en la víspera.
“Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes”, escribió el mandatario en su cuenta de la red X.
El fin de semana, la revista Semana reveló que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez interpuso una denuncia ante la Fiscalía porque supuestamente “organismos de inteligencia del Estado” interceptaron su teléfono celular.
“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos (…) por fuera de los marcos jurídicos “ , escribió Ibáñez en una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y filtrada por ese medio.
El juez asegura que algunos de sus magistrados auxiliares también han sido interceptados y no descarta que otros de sus colegas en la Corte Constitucional estén siendo igualmente afectados. La Fiscalía anunció la apertura de una investigación ante las supuestas ‘chuzadas’, como se les conoce en Colombia.
En su defensa, Petro asegura que el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) “no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada”.
Sin embargo Semana asegura que un general le confirmó bajo anonimato “que tales interceptaciones sí se han hecho”.
Las denuncias contra el gobierno suceden justo cuando Petro insiste con la idea de convocar una asamblea para modificar la Constitución.
La oposición asegura que el primer presidente izquierdista de Colombia intenta saltarse el poder de los altos tribunales. El expresidente Iván Duque (2018-2022), por ejemplo, sostiene que Petro quiere controlar la Corte Constitucional para que avale un cambio en la Carta Magna y así extender su mandato más allá de agosto de 2026.
En febrero, seguidores del gobierno bloquearon los alrededores la sede de la Corte Suprema de Justicia cuando sus magistrados debían elegir un nuevo fiscal general entre una terna presentada por el presidente. Los jueces del máximo tribunal denunciaron un “asedio” por parte de los manifestantes.
En el pasado, los servicios de inteligencia se prestaron para “chuzar” a políticos de izquierda, representantes de organizaciones sociales, periodistas y también magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En 2011, cuando era senador opositor, Petro denunció al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y otras entidades del Estado por escuchas en su contra entre los años 2006 y 2009. Un tribunal administrativo le dio la razón y condenó en 2020 a la nación por ese hostigamiento.
