Introducción
Ciudad de Guatemala, 13 de junio de 2024 — En una sesión extraordinaria del Congreso de Guatemala, se ha aprobado la interpelación de tres ministros del gabinete del presidente Bernardo Arévalo, contando con la mayoría del Congreso. Entre ellos, el Ministro de Relaciones Exteriores, cuya participación ha desatado un acalorado debate. Simultáneamente, un nuevo viaje presidencial ha provocado controversia por posibles violaciones constitucionales.
Desarrollo
El Artículo 167 de la Constitución en el Centro del Debate
El Artículo 167 de la Constitución de Guatemala establece que “cuando se planteare la interpelación de un ministro, éste no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna.” Este mandato constitucional busca garantizar la responsabilidad y la transparencia de los ministros ante el órgano legislativo.
Desde la programación de la interpelación, los ministros tienen prohibido salir del país. A pesar de esta prohibición, el presidente Arévalo programó el viaje del Canciller después de que la interpelación se aprobara con mayoría, lo que claramente constituye una violación del Artículo 167 y podría desencadenar serias consecuencias legales.
Un Historial de Violaciones a la Ley
El presidente Arévalo y su bancada, desde que tomaron posesión de sus cargos, se han dedicado a violentar la ley. La Corte de Constitucionalidad ha tenido que intervenir y ordenarles abstenerse de cometer ilegalidades en varias ocasiones. Por ejemplo, la bancada oficial tenía prohibición de optar a cargos de junta directiva del Congreso debido a que su partido estaba suspendido y sin personería jurídica. Esto los convirtió en diputados independientes, y la ley orgánica del organismo legislativo prohíbe que diputados independientes opten a junta directiva y presidan comisiones.
Posibles Repercusiones Legales
La decisión del presidente Arévalo de enviar al Canciller en su lugar plantea varias preguntas legales y políticas. Permitir que el Canciller viaje ignoraría la clara prohibición constitucional. Esto no solo pone en entredicho la autoridad del Congreso sino que también plantea posibles acciones legales contra el Canciller y, potencialmente, contra el presidente Arévalo por facilitar tal violación.
Expertos en derecho constitucional señalan que, de concretarse el viaje, se podrían interponer recursos legales contra el Canciller por incumplir con sus obligaciones ante el Congreso. Además, desde el presidente Bernardo Arévalo, el Canciller y hasta el presidente del Congreso Nery Ramos podrían enfrentar acusaciones de negligencia o incluso complicidad si permiten que el ministro se ausente del país bajo estas circunstancias.
Conclusión
El desenlace de esta situación aún está por verse. La interpelación programada y el posible viaje del Canciller plantean un dilema constitucional que podría tener profundas implicaciones para el gobierno de Bernardo Arévalo. Las próximas decisiones del Congreso y las acciones del sistema judicial serán cruciales para determinar cómo se resolverá este conflicto y qué precedentes se sentarán para futuras administraciones.
