Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, representantes de CONASA y Nova Ingenieros, han admitido su participación en un fraude relacionado con el Libramiento de Chimaltenango. La situación se complica con la implicación de Alejandro José Balsells Conde, asesor jurídico de CONASA y actualmente vinculado al gobierno de Bernardo Arévalo.
En una reciente audiencia ante la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Ravanales aceptaron su responsabilidad en un caso de fraude que involucró la construcción del Libramiento de Chimaltenango durante el gobierno de Jimmy Morales. Ambos fueron sentenciados a 3 años y 4 meses de prisión.
Alejandro José Balsells Conde, asesor jurídico de CONASA y actual asesor del presidente Bernardo Arévalo, es señalado como notario en los contratos de la empresa con el Estado. Este hecho ha generado inquietud debido a los múltiples casos de corrupción relacionados con CONASA, cuestionando la idoneidad de Balsells en su rol gubernamental actual.
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El caso también expone irregularidades en la empresa Renova, que fue favorecida en un proceso de licitación manipulado. Renova, creada en 2017 y sin experiencia en construcción de carreteras, modificó su objeto social para participar en la licitación. Según el Ministerio Público, las bases de licitación fueron alteradas para favorecer a Renova, a pesar de su falta de capacidad económica y ausencia de inscripción en el Registro de Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones. Renova presentó documentación falsa indicando una capacidad económica de Q302.5 millones.
La junta de licitación, encabezada por el entonces director de Caminos, Juan José Hanser Pérez, y avalada por el exministro José Luis Benito Ruiz, adjudicó el proyecto a Renova a pesar de estos problemas. El contrato fue firmado el 16 de enero de 2019.