Desde su toma de posesión, el presidente Bernardo Arévalo ha protagonizado una serie de controversias, enfrentándose a varios sectores del país, incluidos el Ministerio Público, el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. A pesar de su rol constitucional de representar la unidad nacional, las acciones del mandatario y su gabinete han generado críticas y preocupaciones sobre la estabilidad política y legal en Guatemala.
El artículo 182 de la Constitución de Guatemala establece que el Presidente es el jefe de Estado y responsable de la política general del gobierno, además de ser el Comandante General del Ejército. Sin embargo, desde el inicio de su administración, Arévalo ha mantenido una postura confrontacional. Inicialmente, su conflicto con el Ministerio Público surgió tras las investigaciones sobre su partido, lo que derivó en un intento de destitución de la Fiscal General, a pesar de no contar con las facultades legales para ello.
Este conflicto se extendió a otros sectores, incluyendo a diputados tanto de la oposición como de sus antiguos aliados. Un incidente notable fue el tuit del ministro de Comunicaciones, quien calificó a los diputados como “simios”, exacerbando las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Jmm. Quizá quisiera más simios en el Congreso. https://t.co/OZc6anWZ9E
— Felix Alvarado (@FelixSinExcusas) July 18, 2024
La más reciente controversia involucra la Corte de Constitucionalidad. Arévalo y su equipo legal han sido criticados por su intento de antejuicio contra magistrados de la Corte, tras una resolución provisional en el caso Bantrab, que cuestiona la legalidad de ciertas acciones del gobierno. Según expertos legales, como el doctor Omar Barrios, estas acciones reflejan un desconocimiento preocupante de los procesos constitucionales y legales por parte del Ejecutivo.
¿Balón? ⚽
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 26, 2024
La @CC_Guatemala ha restituido a Jorge Mondal como presidente del Bantrab a pesar de no cumplir con los requisitos legales, por lo que hemos presentado una solicitud de retiro de antejuicio.
Defendiendo nuestro sistema financiero, Guatemala sale adelante. 🇬🇹 pic.twitter.com/7uYVu1X2KE
El doctor en Derecho y profesor universitario Omar Barrios ha sido un crítico vocal de la administración de Arévalo, destacando varios errores y malentendidos legales graves por parte del presidente y su equipo. Barrios subrayó que la denuncia y solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se basaron en un “simple auto de amparo provisional,” una medida temporal que no implica una decisión final sobre el fondo del asunto.
Barrios explicó que esta medida fue otorgada en el contexto de un procedimiento erróneo realizado por el Ejecutivo en el caso Bantrab, donde se cuestionó la legalidad de ciertas acciones del gobierno. Destacó que los magistrados, según el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no pueden ser perseguidos por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones, un principio que ha sido reafirmado en múltiples fallos constitucionales previos.
El jurista también criticó la falta de comprensión del Ejecutivo sobre la diferencia entre una denuncia y una sentencia condenatoria, señalando que el gobierno ha intentado actuar basado en denuncias sin esperar el debido proceso judicial. Esta falta de conocimiento, según Barrios, podría llevar a errores graves y responsabilidades legales para los autores de estas acciones.
Finalmente, Barrios denunció que el gobierno de Arévalo ha fomentado un clima de confrontación y odio hacia aquellos que critican o corrigen sus errores, lo que refleja una falta de liderazgo y profesionalismo en la administración actual.
Las acciones del presidente Arévalo y su gabinete han generado inquietud sobre el respeto al estado de derecho y la independencia de poderes en Guatemala. Las críticas apuntan a una falta de conocimiento legal y a una gestión que, en lugar de unir al país, ha exacerbado las divisiones. Es fundamental que el Presidente y sus asesores adopten un enfoque más respetuoso de las leyes y las instituciones, para garantizar la estabilidad y el respeto de los derechos de todos los guatemaltecos.
