En un movimiento controversial, el presidente Arévalo ha ordenado la retirada de la protección policial a 17 diputados opositores. Esta decisión llega tras la reciente negativa del Congreso a aprobar su estado de calamidad, levantando sospechas de represalias políticas y dejando a varios legisladores vulnerables a riesgos de seguridad.
El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, anunció que ha finalizado un proceso de revisión de los esquemas de seguridad otorgados a varios diputados. Como resultado, se decidió retirar la protección a 17 diputados. Se desconoce si estos diputados habían sido beneficiados durante la administración pasada sin un análisis de riesgo formal, lo que ha generado dudas y especulaciones.
Este movimiento se produce pocos días después de que el Congreso rechazara la declaración de estado de calamidad propuesta por el presidente Arévalo, con 97 votos en contra de un total de 160. La decisión de retirar la seguridad a estos diputados ha sido interpretada por muchos como una acción impulsiva y vengativa del presidente, destinada a castigar a sus oponentes políticos en lugar de fomentar el consenso y las alianzas necesarias para la gobernabilidad.
Entre los afectados, se encuentran diputados con altos riesgos de seguridad, quienes ahora se ven desprotegidos ante posibles amenazas. La falta de protección adecuada podría exponerlos a situaciones peligrosas, elevando la preocupación entre sus colegas y la ciudadanía.
Mientras tanto, la seguridad de diputados del partido suspendido Semilla, como Manfredo Duvalier Castañón González, y del alcalde del mismo partido, Genaro Méndez Carreto, de Palestina de los Altos, Quetzaltenango, sigue manteniéndose intacta con los esquemas de seguridad brindados por la Policía Nacional Civil (PNC). Esto ha generado críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad y los motivos detrás de estas decisiones.
El retiro de la protección se realizó de manera discrecional y sin un análisis de riesgo adecuado, lo que ha generado preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los diputados afectados. Este acto de revanchismo político podría tener serias repercusiones para el presidente Arévalo, exacerbando las tensiones políticas y aumentando el número de sus enemigos dentro del Congreso.
La medida del presidente Arévalo de retirar la seguridad a 17 diputados opositores refleja un comportamiento impulsivo y vengativo, que podría complicar aún más la situación política en Guatemala. En lugar de buscar el diálogo y la colaboración, esta acción parece destinada a castigar a aquellos que no apoyaron su propuesta, lo que podría traer consecuencias negativas para su administración y para la estabilidad política del país. Con una estrategia que parece alejar más a sus oponentes, Arévalo enfrenta el reto de gobernar en un ambiente cada vez más polarizado.
