Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, ha salido al exilio alegando la necesidad de preservar su vida. Su partida deja dos procesos legales pendientes en Guatemala, generando preocupación entre sus defensores y sospechas de que busca evitar enfrentar la justicia.
Primer Proceso
Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 en Xela, iniciando así el primer proceso en su contra. Fue denunciada por el juez de mayor riesgo y relator contra la tortura, Lesther Castellanos, por abuso de autoridad. Castellanos acusó a Laparra de denunciarlo por compartir información reservada sin autorización de sus superiores.
El 16 de diciembre de 2022, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a Laparra a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad en forma continuada, argumentando que utilizó su cargo de manera indebida para interponer la denuncia contra Castellanos. Laparra estuvo casi dos años en prisión preventiva hasta que fue liberada por una Corte de Apelaciones el 3 de enero de 2024.
Apelación y Casación
La defensa de Laparra apeló la sentencia, pero la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal rechazó la apelación el 9 de mayo de 2023, manteniendo la condena. Actualmente, la defensa espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva una casación para revertir la decisión y anular la sentencia.
Segundo Proceso
El 4 de enero de 2023, Laparra fue ligada a un segundo proceso, nuevamente denunciada por el exjuez Lesther Castellanos, esta vez por la supuesta revelación de información confidencial. En mayo de 2023, el Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango, presidido por el juez Moisés de León, inició el juicio y dos meses después condenó a Laparra por el delito.
Exilio y Preocupaciones
Laparra salió del país antes de la audiencia de reparación digna programada para el 19 de julio, en la cual se esperaba que se discutieran medidas compensatorias en su contra. Este acto ha sido interpretado por muchos como un intento de eludir la justicia, siguiendo una tendencia de otros prófugos que utilizan el exilio como refugio.
La defensa de Laparra manifiesta preocupación por posibles nuevas peticiones del Ministerio Público, mientras que sus críticos argumentan que su partida socava la integridad de los procesos judiciales en su contra. La situación ha atraído la atención internacional, con el Departamento de Estado de EE. UU. expresando preocupación por la sentencia de Laparra.
