Una reciente asociación, creada en enero y liderada por la ex magistrada María Eugenia Morales Aceña, cercana al presidente Bernardo Arévalo y vinculada a la CICIG, ha solicitado la expulsión de la Fiscal General Consuelo Porras. La petición, basada en una nota periodística de un medio afín al gobierno, parece estar orientada a desestabilizar el sistema de justicia y asegurar impunidad para Arévalo y su partido.
La Asociación de Abogadas y Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, fundada en enero de 2024, ha pedido formalmente la renuncia de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras. Esta organización fue establecida por la ex magistrada María Eugenia Morales Aceña, quien tiene un historial de cercanía con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y una relación estrecha con el presidente Bernardo Arévalo.
La petición presentada por la Asociación se basa en una nota periodística de un medio de comunicación afín al gobierno, que acusa a Porras de convertir el Ministerio Público (MP) en un “instrumento de persecución política”. Según esta Asociación, Porras estaría poniendo en riesgo el Estado de Derecho en Guatemala. Sin embargo, algunos observadores sugieren que esta organización fue creada con el objetivo de desestabilizar el sistema de justicia y asegurar la impunidad para el presidente Arévalo y su partido, dada la creciente tensión por las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso electoral que llevó a Arévalo al poder.
El documento hace eco de la narrativa promovida por medios pro-gubernamentales, que cuestionan la legitimidad de las investigaciones realizadas por Porras, particularmente las que se centran en las supuestas irregularidades del partido Movimiento Semilla. La controversia se amplifica al recordar que Arévalo pasó del noveno lugar en las encuestas a ganar la presidencia, lo que algunos consideran “estadísticamente imposible”.
La creación de esta Asociación, liderada por María Eugenia Morales Aceña, figura cercana al presidente Arévalo y con vínculos a la CICIG, levanta sospechas sobre sus verdaderas intenciones. La petición de renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, fundamentada en una nota periodística alineada con el gobierno, parece más un intento por desestabilizar el sistema de justicia y procurar impunidad para Arévalo y su partido que una genuina preocupación por el Estado de Derecho. Las consecuencias de esta maniobra podrían tener un impacto significativo en la estabilidad política y judicial de Guatemala.
