Han transcurrido las 48 horas que el presidente Bernardo Arévalo, otorgó para recibir un informe y tomar medidas sobre el caso del director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Héctor Oswaldo Samayoa Sosa. El motivo: la contratación de su novia, Mélany Maribú Escobar Díaz, como directora administrativa y financiera de la institución, un hecho que desató una oleada de críticas en redes sociales.
Tras la polémica, Oswaldo Samayoa emitió un comunicado de prensa el martes 3 de septiembre a través de la plataforma “X” (antes conocida como Twitter), donde se defendió de las acusaciones. En un apartado del comunicado, Samayoa informó haber presentado su “renuncia” al presidente Arévalo, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el mandatario ha decidido aceptarla o no.
El caso ha generado suspicacias, pues no se han brindado detalles sobre si ya se ha tomado una decisión formal al respecto. Esta situación ha avivado los temores de que el tema quede en el olvido, como ha ocurrido en otros casos. Las comparaciones con la exministra de Ambiente, cuya destitución fue ampliamente publicitada, han generado aún más dudas entre la población sobre el desenlace de este escándalo.
Este incidente no es aislado. En diversas ocasiones se ha señalado a funcionarios de la administración actual de otorgar cargos públicos a personas cercanas, lo que genera controversia sobre la transparencia en los nombramientos. Uno de los casos más notorios es el del propio presidente Arévalo, quien fue señalado de haber ascendido a su ex esposa a un importante puesto en la embajada de Guatemala en Japón, con un salario superior a los 15 mil dólares mensuales, según una investigación realizada por este medio.
El desenlace de esta situación sigue siendo incierto, mientras la opinión pública continúa a la espera de las medidas que tomará el presidente Arévalo en respuesta a la controversia.
