El Organismo Judicial enfrenta una crisis institucional debido a la elección pendiente de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mientras ocho magistrados esperan continuar con el proceso de elección, cinco magistrados se han dirigido al Congreso, generando preocupaciones sobre una posible intromisión de poderes y el rompimiento del orden constitucional.
La crisis en el Organismo Judicial (OJ) ha escalado debido al estancamiento en la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ocho magistrados se encuentran a la espera de continuar con la elección de los presidentes de cámaras y la juramentación de magistrados de salas de apelaciones, mientras que cinco magistrados han acudido al Congreso en busca de acuerdos y consensos.
Los magistrados que se dirigieron al Congreso son Carlos Redemiro Lucero Paz, Flor de María Gálvez Barrios, Estuardo Adolfo Cárdenas, Flor de María García Villatoro y René Guillermo Girón Palacios. Su presencia en el Legislativo ha generado controversia, ya que se interpreta como una posible intromisión del Congreso en una decisión que es competencia exclusiva del Organismo Judicial. La preocupación se centra en que esta acción podría desencadenar una crisis constitucional, ya que el Congreso no debe intervenir en decisiones internas del OJ.
La presencia de estos cinco magistrados en el Congreso es vista como una señal de fractura dentro de la CSJ, lo que pone en riesgo la independencia del sistema judicial guatemalteco. En lugar de cumplir con sus deberes en el pleno del OJ, donde deberían continuar con el proceso de elección de la presidencia, los magistrados buscan apoyo externo, lo que podría agravar el conflicto.
El temor de una ruptura del orden constitucional ha cobrado fuerza, ya que la intervención de otro poder del Estado en decisiones internas del Organismo Judicial socava la autonomía e independencia de la CSJ. El hecho de que los magistrados busquen consenso fuera de su jurisdicción puede interpretarse como una medida desesperada, pero también como una violación a la separación de poderes.
Este conflicto no solo pone en riesgo la estabilidad del Organismo Judicial, sino que también plantea dudas sobre el futuro de la justicia en el país, en un contexto donde se espera que el OJ actúe con independencia y sin injerencias políticas.
