Un medio de comunicación afiliado a un financista del partido oficial informó que la fiscal de la FECI, Sofía Castillo Rivas, se reunió con la jueza Abelina Cruz Toscano, quien preside el caso “Construcción y Corrupción”. Sin embargo, al ser consultada por la oficina de prensa del Ministerio Público (MP), la fiscal aclaró que solo realizó una consulta administrativa y nunca ingresó al despacho de la jueza.
El pasado jueves 17 de octubre, un medio de comunicación vinculado a un financista del partido oficial divulgó que la fiscal Sofía Castillo Rivas, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), había sostenido una reunión en privado con la jueza Abelina Cruz Toscano, a cargo del caso “Construcción y Corrupción”. Este informe generó especulaciones sobre un posible conflicto de interés en el manejo del proceso judicial.
No obstante, la oficina de prensa del Ministerio Público (MP) se pronunció al respecto, indicando que la fiscal Castillo simplemente acudió al juzgado para realizar una consulta sobre dos audiencias programadas que no habían sido notificadas a la fiscalía. Según las declaraciones del MP, la fiscal mantuvo comunicación únicamente con la secretaria del juzgado, limitándose a aclarar detalles administrativos sobre el calendario de audiencias, sin entrar al despacho de la jueza Cruz Toscano.
Expertos en derecho judicial explican que las interacciones entre fiscales y el personal judicial son procedimientos habituales y necesarios para el desarrollo fluido de los casos. En este contexto, no se puede considerar irregular una consulta administrativa, ya que forma parte de las funciones de los fiscales en su rol de coordinar con el sistema de justicia. Los expertos señalaron que en este caso, ni siquiera hubo un encuentro entre la fiscal y la jueza, lo que refuta las versiones que circulaban sobre un acercamiento indebido.
El manejo de esta información ha sido catalogado por algunos analistas como malintencionado, con el propósito de generar una impresión errónea en la opinión pública. La fiscalía y el sistema de justicia guatemalteco enfrentan constantemente presiones externas, y distorsionar este tipo de acciones puede dañar la percepción de transparencia y legitimidad del proceso judicial.
