La Gobernación Departamental de Suchitepéquez anunció el cierre temporal del puente Nahualate, ubicado en el kilómetro 136 de la ruta al suroccidente, en Chicacao, debido a los graves daños en su estructura. La medida, que busca salvaguardar la seguridad de los usuarios, se tomó luego de recibir reportes preocupantes sobre el estado del puente.
Según Moisés Cajas, delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el cierre es una medida preventiva luego de que se detectaran vibraciones en la estructura. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial también reportó un hundimiento en el carril que va de occidente a oriente, lo que ha llevado a restringir el paso vehicular y peatonal, permitiendo únicamente el tránsito de vehículos de emergencia y motocicletas, estas últimas con el motor apagado para evitar vibraciones adicionales.
Sin embargo, surge una preocupación mayor: la empresa encargada del mantenimiento del puente, Andria S.A., ya había alertado al Ministerio de Comunicaciones sobre el deterioro de la infraestructura desde el 4 de julio, señalando el peligro inminente de un colapso. A pesar de esta advertencia, el ministerio hizo caso omiso. No solo se ignoró la advertencia de la empresa, sino que el contrato de mantenimiento del puente no fue reactivado, dejando la estructura en un estado crítico.
La obra de mantenimiento, cuyo avance físico es de aproximadamente Q40 millones, solo ha recibido pagos por Q26 millones, y el proyecto de reforzamiento se encontraba suspendido hasta ahora. El viceministro de Infraestructura, Max Alejandro García, señaló que están a la espera de los resultados de una inspección reciente, y aseguró que los trabajos de reforzamiento se retomarán a inicios del próximo mes, tras el desembolso de los pagos pendientes.
Mientras tanto, la población ha sido instada a utilizar rutas alternas y a tomar precauciones para evitar accidentes, mientras la amenaza de colapso sigue latente. La falta de acción inmediata por parte del Ministerio de Comunicaciones pone en evidencia una grave omisión que podría haber sido evitada si se hubieran atendido las advertencias iniciales.
