El Ministerio Público de Guatemala ha denunciado la decisión de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo de otorgar arresto domiciliario al exguerrillero César Montes, condenado a 175 años de prisión por el asesinato de tres soldados en 2019. La medida se notificó sin la realización de una audiencia formal, impidiendo que la fiscalía pudiera oponerse a la misma y generando preocupación sobre la legalidad del proceso.
El 8 de octubre, sin audiencia y sin la presencia de todos los magistrados, se resolvió la medida sustitutiva a favor de Montes por razones de edad y salud, citando tratados internacionales de derechos humanos. Ante esta situación, el Ministerio Público remitió el caso a la Fiscalía de Amparos, al considerar que hubo extralimitación de funciones y violación del debido proceso, pues se les privó de la oportunidad de presentar sus argumentos en contra de la medida.
Reacciones: Fundación Contra el Terrorismo y Grupo de Apoyo Mutuo
Consultado por este medio, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, criticó la decisión al afirmar que “jamás [se deben] dar medidas sustitutivas por asesinato, y menos si fue tan grave, que la condena es de 175 años.” Méndez Ruiz sugirió además que los magistrados podrían haber recibido sobornos de hasta Q2 millones cada uno, provenientes de una familia de narcotraficantes de El Estor, Izabal, para beneficiar a Montes.
Por su parte, Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), se pronunció también en contra de la medida, subrayando que personas condenadas por delitos graves como asesinato o crímenes de lesa humanidad no deberían poder optar a medidas sustitutivas. La postura de Polanco refuerza la preocupación de diversas organizaciones ante la liberación de Montes y el posible precedente que esto sienta para otros casos similares.
La concesión de arresto domiciliario a César Montes, sin audiencia y en medio de acusaciones de irregularidades, ha levantado alarmas sobre la transparencia del sistema judicial en Guatemala. Las denuncias de soborno y extralimitación de funciones de los magistrados, sumadas al rechazo de distintas organizaciones, apuntan a un nuevo desafío para la justicia guatemalteca, que ahora se ve presionada para responder a las inquietudes de sectores que buscan justicia en casos de crímenes graves.
