La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su preocupación ante la posible aprobación del proyecto de presupuesto para 2025, impulsado por diputados aliados al oficialismo en el Congreso de la República. En un comunicado, la organización empresarial advirtió sobre las implicaciones económicas negativas de un presupuesto desfinanciado, haciendo un llamado a los legisladores para priorizar la estabilidad macroeconómica del país.
Según el comunicado de la CIG, el presupuesto proyectado para 2025 muestra un incremento del 28% en comparación con el año anterior, lo que representa un déficit fiscal estimado del 3.1%. La Cámara señaló que un déficit superior al 2% pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, con efectos adversos como el aumento de la inflación y el encarecimiento de la canasta básica, afectando directamente a las familias guatemaltecas.
El sector industrial enfatizó que el uso de deuda pública para financiar gastos de funcionamiento estatal, sin una gestión orientada a resultados concretos en beneficio de la población, es una decisión inadmisible. En su declaración, la Cámara subrayó que Guatemala ha mantenido históricamente una posición de estabilidad macroeconómica reconocida a nivel regional, y cualquier alteración a esta tendencia podría reducir la confianza de inversionistas y afectar el crecimiento económico del país.
Asimismo, el comunicado expresó que el proyecto de presupuesto carece de una adecuada asignación para áreas prioritarias como inversión en infraestructura y desarrollo, elementos esenciales para impulsar el crecimiento y la competitividad nacional.
La CIG cerró su mensaje con un llamado a los diputados del Congreso para que realicen un análisis detallado del proyecto y promuevan un presupuesto prudente y responsable.
Conclusión:
El pronunciamiento de la Cámara de Industria refleja la preocupación del sector empresarial sobre el impacto que tendría la aprobación de un presupuesto desfinanciado para 2025. La organización insta al Congreso de la República a actuar con responsabilidad y a salvaguardar la estabilidad fiscal y macroeconómica del país, priorizando medidas que garanticen el bienestar de la población y la sostenibilidad económica a largo plazo.
