El Congreso de la República aprobó el Decreto 35-2024, que establece una nueva ley para la Policía Nacional Civil (PNC). La normativa ha generado fuertes críticas y debates, principalmente por un artículo que protege a los agentes de enfrentar procesos penales por usar sus armas en el cumplimiento de sus funciones, incluso si el uso de la fuerza resulta en heridas o la muerte del presunto agresor.
El artículo en cuestión ha polarizado opiniones. Según la nueva ley, un agente policial que dispare contra un presunto agresor mientras cumple con su deber no será encarcelado automáticamente, argumentando que esto busca brindar seguridad jurídica a los agentes. Sin embargo, congresistas, expertos legales y ciudadanos han expresado preocupaciones sobre posibles abusos de poder.
