En un acto que ha generado indignación nacional, los diputados aprobaron el presupuesto más grande de la historia de Guatemala, señalado por presuntos actos de corrupción y manejos políticos cuestionables. Además, se autorizaron un aumento salarial de más de 40 mil quetzales, consolidando su imagen de desconfianza ante la ciudadanía.
El Congreso de Guatemala aprobó recientemente el presupuesto nacional para el próximo año, convirtiéndose en el más elevado de la historia del país. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de controversia, ya que múltiples sectores han denunciado irregularidades, incluidas supuestas coimas y manejos opacos que benefician al oficialismo.
Se alega que el presupuesto sirvió como una herramienta para asegurar reformas a la Ley de Crimen Organizado, un movimiento estratégico que permitió la recuperación de la figura jurídica del partido gobernante. Este hecho ha sido calificado como un “fraude de ley” por analistas y expertos en derecho, quienes advierten sobre las graves implicaciones para el Estado de Derecho.
Por si fuera poco, los diputados incluyeron un polémico aumento salarial que supera los 40 mil quetzales mensuales, una decisión que se tomó en medio de una crisis económica que afecta a la mayoría de los guatemaltecos. Este aumento, percibido como un acto de desfachatez, ha sido fuertemente criticado por ciudadanos y organizaciones sociales.
La aprobación de este presupuesto y las decisiones asociadas reflejan una crisis de confianza en las instituciones gubernamentales. Las denuncias de corrupción y los beneficios directos para los diputados refuerzan la percepción de que Guatemala atraviesa uno de los momentos de mayor deterioro en su gobernanza. La ciudadanía exige transparencia y responsabilidad, mientras la indignación continúa creciendo ante lo que muchos consideran un abuso de poder sin precedentes.
