La pena máxima de 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos: el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó este jueves una ley para castigar el respaldo a sanciones internacionales contra el país.
La nueva legislación coincide con recrudecidas tensiones por la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.
“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”, recoge uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que plantea reforzar sanciones.
Se estipula en esos casos multas equivalentes de entre 100.000 y un millón de dólares, así como hasta 60 años de inhabilitación.
La legislación castiga con idénticas penas a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza” contra el país caribeño.
Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias.
Venezuela y altos funcionarios del gobierno de Maduro han sido sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de irregularidades en procesos electorales y violaciones de derechos humanos. Washington reconoció como “presidente electo” a González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto emitida en su contra por las autoridades.
La “Ley Libertador Simón Bolívar” votada en el unicameral Parlamento de Venezuela responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.
La iniciativa en discusión en el congreso estadounidense, denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés) prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, que tilda de “ilegítimo”, o con cualquier otro “no reconocido como legítimo” por Washington.
El uso del nombre del mayor prócer de la independencia venezolana causó una airada reacción del gobierno de Maduro.
“De manera desvergonzada, le han colocado (a la ley) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo”, contragolpeó la Cancillería en un comunicado, que calificó el proyecto de “ataque criminal”.
Las sanciones de la Casa Blanca habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela.
Sin embargo, los cuestionamientos a la reelección de Maduro han hecho renacer las amenazas de un reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso al poder en Estados Unidos de Donald Trump.
