El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató la resolución emitida por el juez Fredy Orellana y formalizó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. La decisión, firmada por las autoridades del Registro, ha generado una respuesta legal inmediata por parte de los integrantes del partido, quienes califican la medida como ilegal.
Horas después de la emisión de la orden judicial del juez Fredy Orellana, el Registro de Ciudadanos, encabezado por Sergio Antonio Escobar Antillón y la secretaria María Mercedes Cordón Ortiz, decretó la cancelación definitiva de Movimiento Semilla. Esta resolución sigue a una serie de investigaciones relacionadas con el caso “Corrupción Semilla”, donde varios implicados aceptaron cargos y fueron condenados por actos de corrupción durante la conformación del partido.
La medida llega tras un proceso en el que Movimiento Semilla había sido suspendido desde el año pasado. La orden judicial también fue notificada al Congreso de la República, lo que implica posibles repercusiones para los diputados del partido, incluyendo la pérdida de sus curules si se consuma la cancelación.
Sin embargo, los integrantes del partido han respondido enérgicamente a la decisión, calificándola como “ilegal”. Entre las acciones legales emprendidas, el diputado Samuel Pérez presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se ordene tanto a la Junta Directiva del Congreso como al Registro de Ciudadanos que no acaten la resolución del juez Orellana.
De manera paralela, la diputada Andrea Reyes interpuso otro amparo contra el Registro de Ciudadanos, buscando frenar la cancelación del partido. Ambos recursos legales tienen como objetivo detener la ejecución de la resolución mientras se analiza su legalidad y las posibles violaciones a derechos fundamentales, como la participación política y la representación ciudadana.
El caso “Corrupción Semilla” ha sido el eje central de esta controversia. Las investigaciones del Ministerio Público revelaron irregularidades en la inscripción del partido, incluyendo falsificación de documentos y financiamiento ilícito. Estas acusaciones llevaron a que varios implicados aceptaran cargos y fueran condenados, lo que, según el juez Orellana, justifica la cancelación definitiva de la agrupación política.
