El reciente incremento del salario mínimo, aprobado por el gobierno de Bernardo Arévalo, ha generado un efecto en cadena en distintos sectores económicos. La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga anunció un ajuste del 15% en sus tarifas, argumentando que la medida responde a un alza en sus costos operativos. Este anuncio se suma a las preocupaciones por una posible alza generalizada de precios que afectará a los consumidores.
En su comunicado oficial, emitido el 21 de enero de 2025, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga detalló que el ajuste en las tarifas es una medida necesaria para mantener la estabilidad operativa de la industria, pagar salarios justos a sus colaboradores y garantizar la calidad de los servicios.
El incremento del salario mínimo en un 10%, decretado por el presidente Bernardo Arévalo a partir de enero de 2025, ha sido señalado como el principal motivo detrás de este ajuste tarifario. Según la Cámara, este aumento salarial, sumado al alza en los costos de insumos y servicios por parte de sus proveedores, ha generado un impacto directo en los gastos operativos de las empresas de transporte de carga.
Este ajuste tarifario del 15% podría tener un impacto significativo en los precios de productos y servicios que dependen del transporte de carga, como alimentos, materiales de construcción y otros bienes de consumo. Sectores económicos y analistas han advertido que este incremento en los costos de transporte podría trasladarse a los consumidores, agravando el costo de vida en un contexto de inflación.
Por su parte, la Cámara argumenta que el aumento en las tarifas es “esencial” para mantener la sostenibilidad de sus operaciones y honrar los compromisos con sus colaboradores, a quienes también les impacta el alza en el costo de la vida.
La decisión de aumentar el salario mínimo ha generado críticas y división entre sectores empresariales y sociales. Mientras el gobierno defiende la medida como una acción necesaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, gremios empresariales han advertido sobre sus posibles repercusiones económicas, incluyendo el aumento de costos y la afectación de la competitividad empresarial.
