El 20 de diciembre, los diputados independientes que pertenecían al cancelado partido político Movimiento Semilla remitieron un oficio a la Comisión Permanente del Congreso solicitando ser reconocidos nuevamente como bancada. Pese a que la agrupación fue oficialmente cancelada tras confirmarse casos de corrupción en su formación, la Junta Directiva decidió restablecer la bancada por una votación de 5 a 2, desatando críticas y cuestionamientos por contravenir resoluciones legales.
El oficio, firmado por el diputado independiente Samuel Pérez y dirigido a la Comisión Permanente del Congreso, argumentaba que los diputados deberían recuperar su estatus de bancada. Entre los argumentos presentados estaban resoluciones legales y supuestos vacíos en el proceso que derivó en la cancelación del partido político Movimiento Semilla.
La cancelación del partido se originó tras el caso conocido como Corrupción Semilla, donde varias personas, incluidas exintegrantes como la exdiputada Ligia Hernández, aceptaron cargos de corrupción. Según el juez que lleva el caso, las pruebas confirmaron irregularidades graves en la conformación de la agrupación, lo que convirtió la suspensión provisional del partido en una cancelación definitiva.
A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el juez del caso certificaron que el partido está cancelado, y con sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) que confirmaban que los diputados debían permanecer como independientes, la Comisión Permanente del Congreso dio trámite al oficio. En una votación de 5 a 2, la Junta Directiva decidió restablecer la bancada Semilla, ignorando el marco legal y la cancelación oficial del partido.
Los críticos señalan que la solicitud presentada por los diputados parecía más un recurso judicial que un trámite administrativo, ya que buscaba revertir una decisión legalmente establecida. La Junta Directiva no tiene autoridad para actuar como juez en casos ya resueltos judicialmente, lo que generó una fuerte controversia en el ámbito político y jurídico.
