Los partidos políticos VIVA y UNE han expresado su rechazo a las acciones de la Junta Directiva del Congreso de la República, acusándola de operar de manera arbitraria y favoreciendo a sus aliados políticos. Esto ocurre tras la rápida decisión de declarar independientes a los diputados Orlando Blanco, Jairo Flores y José Chic del partido VOS, mientras otras solicitudes similares de los partidos VIVA y UNE no han sido atendidas con el mismo procedimiento expedito.
En menos de 48 horas, la Junta Directiva del Congreso tramitó la solicitud presentada por Carlos Bezares, secretario general del partido VOS, para declarar como independientes a los diputados Orlando Blanco, Jairo Flores y José Chic. La decisión fue percibida como un intento de beneficiar a la diputada Karina Paz, también integrante del partido VOS y miembro de la Junta Directiva del Congreso, lo que generó críticas tanto de los afectados como de diversos partidos políticos.
Los partidos VIVA y UNE emitieron comunicados por separado cuestionando el evidente trato preferencial. Según ambos, sus solicitudes para declarar independientes a diputados que han abandonado sus filas han sido ignoradas durante meses, mientras que la petición de Bezares fue procesada con celeridad. Este tratamiento desigual ha avivado las acusaciones de favoritismo por parte de la Junta Directiva hacia aliados políticos.
En paralelo, la Junta Directiva decidió restablecer a los diputados del cancelado partido Movimiento Semilla como bancada, a pesar de múltiples resoluciones judiciales que mantenían incertidumbre sobre su situación. La inconsistencia en la aplicación de las reglas y la rapidez con que se gestionan las solicitudes de ciertos grupos políticos han desatado una ola de críticas desde distintos sectores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y otros bloques legislativos.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó restablecer a Blanco, Flores y Chic como integrantes de la bancada VOS, dejó en evidencia que la decisión inicial de la Junta Directiva fue apresurada y carecía de sustento legal claro. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades del Congreso no han dado una explicación pública sobre los criterios utilizados para tramitar las solicitudes de manera desigual.
