A tres meses de asumir el cargo como directora general de Transporte (DGT), Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez enfrenta críticas y desafíos derivados de una serie de despidos masivos en la institución. Esto ocurre en medio de cuestionamientos sobre la supervisión del transporte colectivo y la implementación de regulaciones en el sector, afectado por altos niveles de informalidad y falta de control en las carreteras.
La Dirección General de Transporte, una dependencia clave en la regulación del transporte colectivo, taxis y mototaxis (tuc tucs), ha sido señalada por despidos que han reducido el personal disponible para tareas como la supervisión de unidades en circulación. Esto ha generado inquietud en un contexto donde, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), 20,000 de las 23,000 unidades de transporte colectivo operan sin autorización.
El Decreto 45-2016 establece que la explotación no autorizada del transporte colectivo es un delito. Sin embargo, la falta de inspectores y la limitada supervisión han permitido que este problema persista, afectando tanto a los usuarios como a la seguridad vial. Los despidos recientes han intensificado las preocupaciones sobre la capacidad de la DGT para enfrentar estos desafíos.
Críticos han señalado que la poca supervisión en carreteras y la falta de control en el transporte colectivo aumentan los riesgos de accidentes, abuso en el cobro de tarifas y el deterioro del servicio para los usuarios. A pesar de ello, la nueva administración liderada por Velásquez Rodríguez ha argumentado que los cambios en el personal buscan modernizar y optimizar el funcionamiento de la institución.
