El Congreso de la República ha efectuado el pago de salarios a los diputados, incluyendo el controvertido aumento salarial que eleva su sueldo de Q29,150 a Q46,700 mensuales, lo que representa un incremento de Q17,550 por legislador. Esta decisión generará un gasto adicional de Q2.8 millones mensuales y Q33.7 millones anuales para el Estado.A pesar de la indignación ciudadana y las múltiples críticas, el incremento quedó reflejado en el acta legislativa 10-2025, lo que demuestra que la resolución de la Junta Directiva del Congreso sigue en firme.
El incremento salarial aprobado equipara el sueldo de los diputados al de los magistrados de Corte de Apelaciones, y la cifra podría ser aún mayor en el caso de los miembros de la Junta Directiva, quienes reciben ingresos adicionales por los cargos que ocupan.
Además, al sumar viáticos y beneficios adicionales, el salario de los diputados podría superar los Q66,000 mensuales, especialmente para aquellos que dirigen bancadas, comisiones de trabajo o comisiones especiales.
Responsabilidad de la alianza oficialista
La aprobación del aumento salarial ocurrió en noviembre de 2024, en la misma sesión en la que se aprobó el presupuesto 2025, lo que ha generado sospechas de negociaciones políticas a cambio del respaldo al plan de gasto del Ejecutivo.
Si bien diputados oficialistas y exintegrantes de la bancada Semilla han intentado desmarcarse de la polémica, no promovieron acciones legales ni iniciativas legislativas para impedir el aumento. Tampoco impulsaron propuestas para reducir los salarios de los diputados y funcionarios públicos, como había sido un compromiso de campaña del presidente Bernardo Arévalo.
Por otro lado, la mayoría de los diputados que apoyaron y aprobaron el incremento pertenecen a la alianza oficialista, que ha respaldado todas las propuestas promovidas por legisladores cercanos al gobierno, incluyendo las decisiones de la actual Junta Directiva del Congreso.