Autoridades de PNC y Sistema Penitenciario citadas para rendir cuentas
La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República citó a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y al subdirector del Sistema Penitenciario para exigir explicaciones sobre el incumplimiento en la construcción de cárceles de máxima seguridad prometidas por el gobierno de Bernardo Arévalo.
Según los diputados, la falta de estos centros penitenciarios ha permitido que las estructuras criminales sigan operando desde las prisiones, dirigiendo extorsiones y otros delitos sin mayor restricción.
Extorsionistas siguen controlando el crimen desde las cárceles
Durante la citación, los legisladores señalaron que el actual gobierno ha sido incapaz de tomar medidas efectivas para frenar la delincuencia, permitiendo que los reclusos sigan utilizando teléfonos y otros medios para ordenar crímenes desde las prisiones.
“El gobierno de Arévalo prometió reforzar la seguridad, pero hasta el momento no se ha construido ninguna cárcel de máxima seguridad. Mientras tanto, las extorsiones siguen afectando a comerciantes, transportistas y ciudadanos que viven bajo el miedo de estas estructuras criminales”, enfatizó un diputado de la comisión.
Además, se cuestionó la falta de inversión en infraestructura penitenciaria y la inacción para frenar la corrupción dentro de los centros carcelarios, lo que permite el ingreso de dispositivos móviles y otros objetos prohibidos.
Sin cárceles de máxima seguridad, la crisis de inseguridad se agrava
A pesar de que el gobierno ha reconocido la necesidad de cárceles de máxima seguridad para aislar a los líderes criminales, hasta la fecha no hay avances en la construcción de estos centros. La falta de voluntad política y de estrategias concretas ha generado críticas, ya que las extorsiones han aumentado en los últimos meses.
Los diputados exigieron a las autoridades presentar un plan inmediato para controlar la situación dentro de las cárceles y evitar que sigan funcionando como centros de operaciones criminales.
El Congreso ha puesto en evidencia el fracaso del gobierno de Arévalo en su promesa de fortalecer la seguridad penitenciaria. Mientras las cárceles continúan siendo refugios para la delincuencia organizada, los guatemaltecos siguen pagando el precio con más extorsiones y violencia en las calles.
