A pesar de que en 2023, el entonces presidente electo Bernardo Arévalo promovió y respaldó los bloqueos de carreteras y manifestaciones que paralizaron el país por casi dos meses, su administración ahora advierte con el uso de la fuerza contra cualquier protesta en rechazo al seguro vehicular obligatorio. La medida, que favorece a aseguradoras con millonarias ganancias y afecta la ya golpeada economía de los guatemaltecos, ha generado un creciente descontento ciudadano.
El Acuerdo Gubernativo promovido por Arévalo establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para todos los propietarios de vehículos y motocicletas, lo que implica un nuevo gasto para los ciudadanos en medio de la difícil situación económica del país. Diversos sectores, incluyendo transportistas y estudiantes universitarios, han anunciado protestas y paros en rechazo a esta imposición.
Sin embargo, en un comunicado oficial emitido el 18 de marzo, el Gobierno de Guatemala dejó claro que no tolerará bloqueos ni manifestaciones que, según ellos, sean organizadas por “grupos bajo influencia de terceros”. En el documento, el Ejecutivo justifica la medida argumentando la necesidad de resarcir a víctimas de accidentes de tránsito, citando el caso ocurrido en el Puente Belice el pasado 10 de febrero.
El comunicado también confirma que la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido instruida para actuar contra cualquier intento de bloqueo, asegurando que aplicará “medidas razonables y proporcionales” para garantizar la libre locomoción. No obstante, estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una amenaza directa contra la población, especialmente considerando que en 2023 el propio Arévalo alentó las protestas para garantizar su llegada al poder.
