Funcionarios justifican la medida mientras reconocen que las aseguradoras se beneficiarán
En una entrevista reciente, el Gobernador de Guatemala reconoció abiertamente que la contratación del seguro vehicular obligatorio representa un negocio para las aseguradoras, aunque justificó su implementación como una medida de “modernización”.
“En la contratación de un seguro siempre hay un negocio. Eso no me cabe la menor duda. Tampoco puede ser uno inconsciente de negarlo”, afirmó el Gobernador, dejando en evidencia lo que muchos guatemaltecos han denunciado: la imposición de este seguro es una jugada a favor de las compañías aseguradoras.
A pesar de admitir que hay un interés económico detrás de esta medida, el Gobernador defendió su implementación, argumentando que la competencia entre aseguradoras podría regular los precios, aunque sin garantizar que el costo no afecte gravemente a los ciudadanos.
El costo que pagará el pueblo
El seguro obligatorio ha generado un rechazo masivo en la población, sobre todo entre motoristas, repartidores y trabajadores independientes, quienes aseguran que su salario no les permite asumir este gasto extra impuesto por el gobierno.
El Gobernador restó importancia a la crisis económica y al impacto que esta medida tendrá en las familias de bajos recursos, comparándolo con el pago del impuesto de circulación, como si se tratara de un trámite menor.
“Es un gasto que se tiene que hacer porque vale la pena hacerlo”, declaró, sin responder cómo el gobierno pretende aliviar la carga económica que está imponiendo.
Manifestaciones y represión
Sobre las protestas y bloqueos en contra del seguro, el Gobernador descalificó a los manifestantes y aseguró, sin pruebas, que algunos están pagados para generar desestabilización.
Además, justificó los actos de represión contra los ciudadanos que exigen la derogación de la medida, alineándose con la postura del Ministro de Gobernación, quien amenazó con el uso de la fuerza para desalojar los bloqueos.
El gobierno ya no oculta que el seguro obligatorio es un negocio que beneficiará a las aseguradoras, mientras la población trabajadora es obligada a asumir los costos.
Mientras se criminaliza la protesta y se amenaza con represión, el pueblo sigue esperando respuestas reales sobre por qué se impuso esta medida sin consulta y a quién beneficia realmente.
