La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, junto a autoridades ancestrales de varios departamentos del país, emitió un comunicado en el que exigen la derogación total del seguro obligatorio impuesto por el gobierno y el Congreso de la República. La postura fue ratificada en una asamblea celebrada el 22 de marzo en la sede de los Baños de Agua Caliente.
En el pronunciamiento, las autoridades indígenas expresan su rechazo contundente a la medida, exigiendo que cualquier decisión que afecte a los pueblos indígenas sea previamente consultada, ya que el seguro impacta directamente sus medios de transporte y economía.
Además, cuestionan el uso del presupuesto público y denuncian que el préstamo por Q117 millones aprobado recientemente fue tramitado sin explicación clara, mientras la población se encontraba movilizada en rechazo a la normativa.
También demandan una rebaja real e inmediata en los salarios del Presidente, funcionarios y empleados públicos, como parte de la congruencia con las promesas de campaña del presidente Bernardo Arévalo.
Otro de los puntos del documento rechaza el cambio del NIT al DPI y exige una explicación pública sobre su propósito. Finalmente, instan al Congreso a retomar estas demandas en la próxima sesión ordinaria prevista para la semana del 24 al 28 de marzo.
Por su parte, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, negó que los diálogos con los 48 Cantones incluyeran negociaciones sobre cargos públicos, como las gobernaciones departamentales, y aseguró que no existe un “divorcio” con los representantes de Totonicapán. Sin embargo, el contenido del comunicado refleja un claro distanciamiento con las acciones del Ejecutivo, particularmente en temas de seguridad vial, presupuesto y representación política.
