El próximo 9 de abril entrará en vigor el Decreto 31-2024, una nueva legislación tributaria que ha generado fuertes críticas por parte de expertos y sectores productivos debido a sus implicaciones legales, sociales y económicas. Lejos de simplificar o modernizar el sistema fiscal, esta normativa representa un serio retroceso que podría vulnerar derechos fundamentales de los guatemaltecos y abrir la puerta a actividades ilícitas.
“Muerte civil” para quien no tenga NIT
Uno de los aspectos más preocupantes del decreto es la exigencia de contar con un Número de Identificación Tributaria (NIT) para realizar una amplia gama de actos civiles, financieros, judiciales y administrativos. En la práctica, cualquier persona que no tenga NIT actualizado podría verse imposibilitada de abrir cuentas bancarias, heredar, casarse, emitir facturas, alquilar propiedades, ejercer como profesional o incluso recibir su pensión. La ley obliga además a actualizar el RTU (Registro Tributario Unificado) cada año, bajo amenaza de suspensión del NIT, aún cuando no haya cambios que declarar.
Golpe a pequeños productores y consumidores
La reforma elimina los regímenes de pequeños contribuyentes y crea nuevos regímenes tributarios específicos para los sectores primario y agropecuario. Aunque se presentan como beneficiosos, estos regímenes imponen condiciones desfavorables, como la prohibición de acreditar el IVA pagado en insumos. Esto no solo representa una mayor carga fiscal para agricultores y comerciantes rurales, sino que también elevará los precios finales de los alimentos, afectando a millones de consumidores.
Legalización encubierta de dinero ilícito
Otro punto polémico es la inclusión de una “amnistía fiscal” que permite a personas que han ocultado ingresos o no han bancarizado operaciones, regularizar su situación tributaria pagando apenas un 5% de impuesto, incluso en pagos a plazos. Esta disposición ha sido duramente señalada como una vía legal para lavar dinero de origen ilícito, otorgando una ventana de impunidad a quienes han evadido impuestos, cometido contrabando o manejado capitales oscuros.
Impacto negativo en la educación
El decreto también impone nuevas obligaciones a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) que administran programas de alimentación escolar. Lejos de fortalecer estos programas, las medidas podrían desalentar la participación comunitaria y comprometer la eficiencia del servicio, afectando directamente a miles de estudiantes de escasos recursos.
Urge una revisión profunda
El Decreto 31-2024 no solo contradice sentencias previas de la Corte de Constitucionalidad en temas de actualización obligatoria del RTU, sino que también representa una amenaza al principio de equidad tributaria, al debido proceso y a la transparencia fiscal. La falta de debate y análisis previo a su aprobación refuerza las sospechas de que esta legislación fue diseñada con fines políticos y recaudatorios más que con una visión de justicia y desarrollo.
