Durante una entrevista, el secretario contra la Corrupción del Ministerio Público, licenciado Miguel Estuardo Ávila, dejó al descubierto la ineficacia y el vacío institucional de la Comisión Nacional contra la Corrupción del Ejecutivo, encabezada por el comisionado Julio Flores.
Ávila fue enfático al señalar que esta comisión no tiene ninguna facultad para investigar actos de corrupción, lo cual deja sin sustento el tablero público que ha promovido como herramienta de transparencia. Según explicó, ese tablero “no sirve de nada”, ya que únicamente muestra denuncias sin sustento investigativo ni seguimiento real. Las denuncias —dijo— “solo ocupan espacio”.
Además, cuestionó duramente las declaraciones de Flores, calificándolas de irresponsables por brindar información incorrecta y desactualizada. “La Comisión no es parte en los procesos penales, por tanto, no puede acceder a información del Ministerio Público ni verificar avances en las investigaciones”, subrayó Ávila.
Incluso fue más allá, acusando a la Comisión del Ejecutivo de no prevenir hechos de corrupción dentro del propio gobierno, como el polémico caso del baby shower en Casa Presidencial. “Ese tipo de situaciones debieron haberse evitado, pero la Comisión no ha cumplido con su función”, indicó. Criticó también el silencio frente a irregularidades como el esquema de seguridad otorgado al secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, mientras el mismo comisionado Flores carece de dicha protección.
Por si fuera poco, Ávila reveló que la Comisión del Ejecutivo rechazó participar en un convenio de cooperación interinstitucional contra la corrupción, al que fueron convocados junto con el MP, la Contraloría, SAT, PGN y la Superintendencia de Bancos. “Nunca respondieron”, afirmó.
A esto se suma el mal manejo de denuncias por parte del Ejecutivo. Algunas —como la acusación infundada de robo de expedientes— no procedieron legalmente y fueron desestimadas tras comprobarse que no constituían delito. Según Ávila, el Ejecutivo parece usar las denuncias solo como “paliativos” para simular combate a la corrupción, sin generar mecanismos reales para prevenirla.
En resumen, la Comisión Nacional contra la Corrupción del Ejecutivo se presenta como un instrumento vacío, más útil para propaganda política que para resultados tangibles. Lejos de cumplir con una función real, termina encubriendo o ignorando hechos de corrupción en el corazón del mismo gobierno que la promueve.
