Han pasado cuatro días desde que se hizo público el caso del “baby shower” realizado en Casa Presidencial, evento organizado para la familia del presidente Bernardo Arévalo, y que presuntamente fue financiado con fondos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Pese a la presión mediática y ciudadana, no hay avances concretos ni respuestas claras por parte del Ejecutivo ni de las entidades responsables de la fiscalización interna.
El caso salió a la luz tras las declaraciones bajo juramento del subsecretario de la SAAS, Iván Carpio, quien confirmó ante el Congreso y ante las cámaras de TVGT Noticias que más de Q1,300 habrían sido utilizados para cubrir gastos del evento familiar en Casa Presidencial. Este testimonio contradijo directamente el comunicado oficial emitido por la SAAS, en el que se aseguraba que la Primera Dama cubrió todos los costos con fondos propios.
Posteriormente, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, admitió que el presidente ordenó devolver el monto mencionado, confirmando de hecho que sí se usó dinero público, aunque se limitó a calificarlo como una “pequeña fracción” del total invertido. Palomo no ofreció detalles sobre el resto de los gastos, ni aclaró los criterios utilizados por la SAAS para justificar la erogación de recursos públicos para un evento privado.
Se consultó con la Comisión Nacional contra la Corrupción sobre el seguimiento al caso y la posible elevación del expediente al Tablero de Casos Prioritarios Anticorrupción, sin embargo, no se obtuvo respuesta oficial. La falta de pronunciamiento genera dudas sobre el compromiso real del Ejecutivo con la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en un gobierno que ha prometido combate frontal a la corrupción.
Hasta ahora, la Comisión de Probidad interna de la SAAS tampoco ha hecho públicos los avances de su investigación ni ha entregado un informe técnico sobre los responsables de autorizar el gasto. Tampoco se ha establecido si se tomarán acciones administrativas o legales contra los funcionarios implicados.
