La Dirección General de la Policía Nacional Civil ordenó la rotación total del personal de la subestación 41-61 de Coatepeque, Quetzaltenango, tras denuncias presentadas por el diputado Byron Rodríguez, quien reveló la existencia de una red de agentes vinculados a extorsiones en conjunto con reclusos del preventivo local.
En una acción sin precedentes, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció la remoción total del personal asignado a la subestación 41-61 de Coatepeque, Quetzaltenango, debido a graves señalamientos de corrupción y abuso policial. La decisión fue tomada a raíz de una fiscalización liderada por el diputado Byron Rodríguez Palacios, quien denunció ante el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT) una estructura criminal dentro de la misma institución policial.
Según lo denunciado, agentes de la PNC colaboraban con privados de libertad del preventivo de Coatepeque para extorsionar a personas detenidas. Las víctimas eran obligadas a pagar “talacha” (cuotas ilegales) para evitar agresiones físicas o recibir beneficios mínimos, como alimentación o medicamentos, durante su detención de 72 horas.
El parlamentario presentó dos casos concretos de abuso y extorsión ocurridos la semana pasada: uno de ellos provocó la pérdida de la función renal de un joven de 25 años, y los otros dos dejaron lesiones graves en otras víctimas. Todos los afectados habrían sido agredidos por no contar con dinero suficiente para pagar las exigencias de los agentes y reclusos coludidos.
En respuesta inmediata, la OPT realizó una inspección este miércoles en las instalaciones del preventivo de Coatepeque, donde se evidenciaron las condiciones inhumanas y actos de abuso denunciados. La institución confirmó que los hechos representan una violación sistemática a los derechos humanos, lo que agrava la crisis carcelaria en el país.
Asimismo, se ha convocado una mesa de trabajo interinstitucional para el miércoles 9 de abril, en la cual se buscarán mecanismos legales y administrativos que impidan la continuidad de estas prácticas ilegales. A esta reunión han sido convocados representantes de la OPT, el Ministerio Público, la PNC y el juez de paz Byron Primitivo de León, quien deberá explicar su conocimiento sobre los casos denunciados.
