La Suprema Corte de México se dispone a invalidar parcialmente la elección popular de jueces, aprobada por el Congreso y que el gobierno defiende para enfrentar la corrupción, pero que según sus críticos afectará la independencia de los magistrados y los dejará a merced del crimen organizado.
Este inédito choque de poderes amenaza con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, la izquierdista Claudia Sheinbaum, advirtió que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tienen marcha atrás.
Ocho de los 11 integrantes de la Corte se oponen a la reforma que convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces en las urnas.
Una derogación por parte del Supremo quedará en el limbo, pues el Congreso eliminó su facultad para revisar enmiendas constitucionales.
El gobierno de Sheinbaum, que asumió el pasado 1 de octubre, acusa al poder judicial de servir a la élite conservadora, mientras la oposición asegura que la reforma fulminará la separación de poderes.
Esta colisión traspasa fronteras. Estados Unidos y Canadá, socios de México en el acuerdo comercial T-MEC, advierten que la elección socavará la independencia de los jueces y los dejará a merced de criminales.
“Ocho ministros (de la Corte) no pueden estar por encima del pueblo”, ha repetido Sheinbaum antes del debate que comenzó este martes en el tribunal.
La presidenta aseguró que el Supremo carece de facultades para anular los cambios a la Carta Magna aprobados por el Congreso, de amplía mayoría oficialista.
“Quien está violando la Constitución es la Corte”, afirmó este martes en su habitual rueda de prensa.
“Estamos preparados para una o para otra” decisión, ha insistido.
Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.
La controversia se produce además en momentos en que México enfrenta la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico.
– Nada que negociar –
Los miembros del supremo votarán un proyecto del ministro Juan Luis González que modifica, en parte, la reforma.
El texto plantea dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirma, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes.
“No existe un régimen democrático sin que haya una división de poderes efectiva”, advierte la propuesta, que preserva la elección del máximo tribunal como un acto de “autocontención” para resolver la disputa.
Pero Sheinbaum advierte que “no se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y (…) lo que ya es parte de la Constitución”.
El borrador de sentencia, que responde a impugnaciones planteadas por partidos opositores, también señala dificultades para que los ciudadanos puedan ejercer un voto informado.
Los propios expertos están divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, sostiene Diego Valadés, exministro de la corte.
Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alerta que México enfrentará una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum insiste en aplicar la reforma ignorando un fallo adverso del supremo.
“Representaría una ruptura del orden constitucional y un desbalance de poderes, lo cual generaría un precedente muy peligroso para la legitimidad de las instituciones”, agregó el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Suprema Corte le echara abajo reformas como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico.
Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción, una impunidad casi total y el nepotismo.
Pero los críticos de la reforma sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías.
– Impacto económico –
Anticipando una decisión desfavorable, el Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Política.
Un choque institucional, por otra parte, no “sería una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”, comentó a la AFP Kimberley Sperrfechter, economista de la firma británica Capital Economics.
La experta considera que dicho efecto abarca el ambiente de negocios y la certidumbre jurídica para los inversionistas, además de que crearía tensiones en la revisión del T-MEC en 2026.
La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos.
